2 de Abril de 2013

El 2 de abril de 2013 se inició una de las peores tragedias sobre el Partido de La Plata. Un temporal azotó la región con una precipitación record de 392 mm. Se llevó la vida de al menos 89 personas, afectó severamente a un tercio de la población. Pero la peor parte de la tragedia no fue el evento climático sino el cinismo de algunos funcionarios públicos. Personas que intentaron ocultar sus responsabilidades bajo la excusa de una “tormenta excepcional”.

El 2 de abril de 2013 el partido de La Plata despertó con las imágenes del desastre que ocasionó un temporal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lamentablemente mientras el tema mutó hacía una discusión política, el Partido de La Plata comenzó a padecer la peor inundación registrada en su suelo. En las primeras horas de la tarde ya existían barrios anegados evacuándose con ayuda de los vecinos.

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió ninguna alerta en consecuencia de fallas técnicas. Los medios de comunicación tradicionales no cubrieron el evento hasta entrada la noche. El municipio estaba acéfalo gracias a que el intendente Pablo Bruera se había tomado unas vacaciones sin haber seguido el protocolo correspondiente. Nación y Provincia tampoco estuvieron a la altura de la situación.

Los arroyos desbordaron y las calles se transformaron en ríos que arrastraron todo a su paso. La ciudad no estaba preparada para la situación pese a los reiterados avisos de la Facultad de Ingeniería, el Poder Judicial y del mismo clima que ya había causado desastres en menor magnitud. Un sistema de desagües anticuado y sin mantenimiento, una urbanización descontrolada y la ausencia de un plan de contingencia efectivo empeoraron la tragedia.

Entre el caos de las calles transformadas en ríos, la oscuridad y el silencio; una explosión sucumbió el horizonte. Un horno de coke en la planta de YPF explotó incrementando el miedo. Al día de hoy sigue siendo un secreto a voces lo que ocurrió esa noche en las instalaciones porque ni siquiera al Congreso Nacional se les brindaron explicaciones. Durante meses los trabajadores fueron vigilados y perseguidos para que no den información a la prensa.

Según un estudio del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, el 96% de las personas de los evacuados fue asistido por vecinos y organismos no gubernamentales, mientras que solo el 4% por los organismos gubernamentales. El poder gubernamental fue ineficiente en el rescate de las víctimas, en la contención, en la organización de los equipos y en la administración de recursos. Peor aun, se vieron envueltos en maniobras de corrupción, denuncias mediáticas, oportunismo, y el atroz delito de negarle la identidad a las víctimas fatales.

La asistencia en relación a las pérdidas materiales también se transformó en un triste negocio para unos pocos. El gobierno nacional solo emitió una ayuda selectiva por medio de la ANSES que consistió en duplicar los planes de asistencia social. La provincia de Buenos Aires entregó préstamos personales de hasta 20 mil pesos, los cuales se agotaron en manos de personas que no se habían inundado. El municipio repartió $4500 entre algunos damnificados. Pero las pérdidas promedio de cada hogar, según la Facultad de Ciencias Económicas, fue de $78000. Mientras tanto en las calles reinó el caos con encapuchados que cobraron peaje a quienes transportaban mercadería, y con enfrentamientos entre militantes partidarios que se disputaban el rol de ser los más solidarios.

La peor parte vino al momento de reconstruir la Verdad. Durante meses el Poder Ejecutivo Provincial impuso que la cantidad de muertos fue de 51 personas, situación que se contraponía con la magnitud de la tragedia y las denuncias públicas. Los tres niveles gubernamentales, con complicidad del Poder Legislativo y Judicial, cajonearon y/o burocratizaron las investigaciones para evitar declaraciones comprometedoras.

Gracias a la participación de la sociedad y las denuncias masivas de particulares comenzó una investigación dentro del Poder Judicial. La misma demostró que la cantidad es de al menos 89 víctimas y que existió una maniobra para ocultar esta realidad. Muchas de las personas figuraban con muerte “no traumática” por diferentes motivos. 

A tres años de este intento de negar parte de la historia e identidad de las víctimas, no hay ningún culpable en prisión.